Discapacidad

Derecho a la discapacidad: protección legal, apoyo integral y garantía de inclusión social.

El derecho a la discapacidad en España trata los derechos y protecciones legales garantizadas a las personas con discapacidad para asegurar su plena inclusión y participación en la sociedad. Está regulado por la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social. Esta ley promueve la igualdad de oportunidades, la accesibilidad universal, la no discriminación y el reconocimiento de la diversidad. Además, establece medidas para garantizar el acceso a la educación, el empleo, la salud y otros servicios esenciales, promoviendo la autonomía y la vida independiente de las personas con discapacidad.

En esta materia, tratamos en nuestro despacho principalmente 3 tipos de procedimientos:

• Grado de discapacidad ante la Comunidad Autónoma correspondiente:
  

  El grado de discapacidad en España es un porcentaje que mide la limitación que una persona tiene para realizar actividades cotidianas debido a una discapacidad. Se evalúa mediante un baremo oficial que considera factores físicos, mentales y sensoriales. Este grado determina el acceso a beneficios y servicios específicos, como ayudas económicas, adaptaciones laborales o educativas, y beneficios fiscales. La valoración es realizada por equipos de valoración y orientación (EVO) de las comunidades autónomas, y es fundamental para garantizar los derechos y la inclusión de las personas con discapacidad en la sociedad.

• Incapacidad laboral:
  

  La incapacidad laboral en España se refiere a la situación en la que un trabajador no puede desempeñar su trabajo habitual debido a una enfermedad o accidente. Se clasifica en dos tipos principales: incapacidad temporal, que es cuando la persona está impedida de trabajar por un tiempo limitado, y la incapacidad permanente, que se da cuando las limitaciones son definitivas. La incapacidad permanente puede ser parcial, total, absoluta o gran invalidez, dependiendo del grado de afectación. Estas incapacidades son evaluadas por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y pueden dar derecho a prestaciones económicas.

  Sobre estos dos aspectos anteriormente indicados, nuestro despacho presta un servicio integral, de principio a fin. Comenzando por la tramitación del propio acto administrativo, pasando por sus correspondientes recursos y llegando si fuera necesario a la vía judicial.

• Discapacidad Civil:
  

  En el contexto del derecho civil en España, cuando una persona con discapacidad no puede gestionar sus propios asuntos, un juez puede nombrar un curador. El cual actúa como representante legal, ayudando en la toma de decisiones y en la gestión de bienes y derechos. Este proceso se realiza para proteger los intereses de la persona con discapacidad, asegurando que sus derechos sean respetados. La intervención del juez es necesaria para establecer el alcance de la curaduría, que puede variar según las necesidades específicas de la persona afectada. (Antiguamente se llamaba tutela legal).